viernes, 1 de noviembre de 2019

Dictadura en Maldonado

Los 60's en Maldonado.

El impacto de la Revolución cubana tuvo eco en nuestro departamento.
Sin olvidar que nuestro país formaba parte del bloque occidental, habiendo firmado, entre otros, el TIAR; cabe mencionar que los sectores de izquierda seguían desarrollándose también en nuestro departamento. Numerosos vecinos del departamento, expresaron su apoyo a la revolución y formaron el comité de Acción Maldonadense de Solidaridad con Cuba. Otro grupo de vecinos, sin embargo, se organizó por la contraria.
En los 60's, además del escenario estrictamente político, la polarización ideológica en nuestro departamento, se manifestó en el ámbito educativo y religioso.

Durante la década de 1960 la gran preocupación fue para los sectores conservadores lo que elos consideraban una creciente infiltración de la ideología comunista en todos los espacios educativos, temiéndose un lavado de cerebros operados sobre niños y adolescentes. En las postrimerías de las elecciones del año 1971, el escenario se había focalizado en el ámbito religioso católico, señalando a aquellos creyentes que optaran por votar al Frente Amplio como pecadores.
La construcción de paradigmas de conductas etiquetadas de “buenas” y “malas” pero que detrás respondían a andamiajes ideológicos e intereses políticos reales, se plantearon en estos argumentos a favor y en contra de una nueva fuerza política que en los hechos comenzaba a cuestionar la existencia de larga duración de los partidos tradicionales en el ejercicio del poder político.”1

El ámbito educativo no estuvo ajeno a la convulsión generalizada. Como muchos docentes del Consejo de Educación Secundaria, firmaron su apoyo a la revolución caribeña; fueron acusados de violar la laicidad y de ser infiltrados del comunismo en el sistema educativo.
La Asociación de Padres y Amigos Demócratas de Alumnos Liceales (de carácter nacional), así como la Asociación Demócrata de Estudiantes Maldonadenses; fueron grupos que manifestaron su preocupación y denunciaron la violación a la laicidad que suponía la “reconocida actuación comunista”2 de algunos profesores, en general docentes del Liceo N°1 de San Carlos. En el Liceo de San Carlos hubo apoyo de estudiantes y ex estudiantes (de todas las filiaciones políticas) a los docentes acusados y manifestaron su desacuerdo frente a la denuncia de violación de la laicidad y proselitismo (cosa que nunca pudo ser comprobada).
Otra asociación fue la de las Mujeres Demócratas AntiComunistas de Maldonado, quienes instalaron un Comité de Mujeres Democráticas AntiComunistas en cada centro urbano del departamento. En una de sus declaraciones la Prof. María Amelia Cal Cabrera (representante de este movimiento) sostenía3 “... Ciudado padre, madre, que aquello de tu hijo sobre rumbos raros, es mentalidad comunista y ya está ocupando los 3/4 de la mente de tu hijo... (...) No retroceder ante el pulpo rojo y avanzar sobre obra social efectiva, conjugamos estos en todos los tiempos afirmativos...”.
Otro movimiento conservador de derecha fue la Juventud Uruguaya de Pie (JUP) quienes se manifestaban en contra de “ideologías foráneas”.
El movimiento sindical en el departamento también se desarrolló en estos años, celebrándose el primer Congreso Regional del Este en noviembre de 1963. Mientras las medidas sindicales se intensificaban, la prensa de la zona, las desprestigiaba. Los sindicatos con mayor movilización en el departamento, fueron el de la construcción (SUNCA), municipales (ADEOM), industria y comercio (en especial en el conflicto de IMSA en San Carlos), docentes(FENAPES) y frigorífico (Asociación Obrera Frigorífica, San Carlos).
En Maldonado operaron grupos políticos armados de izquierda: Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y el Movimiento Marxista (reducido grupo surgido a fines de los 60's en Montevideo, que se inspiraba en una ideología socialista pro china).

Cronología tomada de Benjamín Nahum4 y ampliada a partir de datos departamentaes presentados por Andrés Noguez5



1967 - 1° de marzo. Oscar Gestido asumió la Presidencia de la República.
6 de diciembre. Fallecimiento de Gestido y ascenso de Jorge Pacheco Areco.
1968- Congelación de precios y salarios.
14 de agosto, muere producto de herida de bala policial en manifestación estudiantil, Líber Arce.
Estudiantes del Liceo de San Carlos ocupan el local del liceo en protesta por la muerte de Líber Arce.
1969- 18 de febrero Asalto tupamaro al Casino San Rafae en Punta del Estel
1970- Acciones violentas entre guerrilla y Gobierno.
1971- febrero. Constitución del Frente Amplio
setiembre. El poder ejecutivo encomendó a las Fuerzas Armadas la lucha antisubversiva.
Se crea el ESMACO (Estado Mayor Conjunto) y la Junta de Comandantes .
Noviembre. Elecciones nacionales. Gana el Partido Colorado y dentro de éste. la fórmula Bordaberry- Sapelli (22,8% de los votos totales). Wilson Ferreira Aldunate, candidato del Partido Nacional, fue el más votado (26,5% de los votos).
1972- 2 de enero Wilson Ferreira Aldunate denuncia fraude electoral, con el argumento de que había más votos que votantes.
Febrero la Corte Electoral oficializó el triunfo de Bordaberry.
1° marzo. Juan María Bordaberry asumió la presidencia de la República.
Abril- mayo. Declaración de “Estado de Guerra Interna”.
Ubicación de un berretín del MLN en Punta Colorada, Piriápolis, donde constaba información sobre un intento de robo al Casino de la localidad.
22 de junio Se encuentra el cuerpo del peón rural Pascasio Báez Mena, ejecutado por el MLN, luego de que descubriera una tatucera en El Renegado (Pan de Azúcar).
Julio. Ley de Seguridad del Estado.

La gravedad de la crisis económica, con sus factores de inflación descontrolada, elevación del desempleo, caída de salarios, repercutió en las clases sociales medias y populares con una fuera que cuestionó su confianza en el sistema político. Por un lado, la guerrilla urbana y por otro, un Gobierno autoritario, a su vez desnaturalizaron la convivencia pacífica de la sociedad uruguaya vigente desde comienzos de siglo. La política, ineficaz y desprestigiada, dejó paso a la acción violenta y ésta condujo al país al despeñadero institucional” 6

(...) ya a partir de 1968 podía perfilarse con nitidez la perspectiva dictatorial en el sistema político uruguayo. La trilogía de crisis económica, social y política se terminó de operar como corolario de un extenso período de deterioro en las condiciones generales del país.”7

Entre el 14 de agosto de 1968 y el 25 de julio de 1972, murieron en enfrentamientos, 109 personas entre los cuales se encontraban militantes de grupos clandestinos, estudiantes, sindicalistas, policías y militares.
En el país y en Maldonado, se sucedieron las detenciones e interrogatorios bajo torturas físicas y psicológicas que comenzaron en esta débil democracia y que se mantuvieron hasta los últimos momentos de la dictadura.

1973
Febrero.
Comunicados 4 y 7.
Resistencia de la Marina.
Pacto de Boiso Lanza entre Bordaberry y las Fuerzas armadas.
En este pacto, entre otras cosas, se conviene la creación del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) integrado directamente por los mandos militares, Bordaberry lo refrendaría como decreto de su autoría diez días después. En cadena de televisión, el presidente anunciaba la creación de “causes apropiados para la participación de las FFAA en el quehacer nacional”8
Este pacto no encontró en las fuerzas políticas y sociales, una respuesta firme y concertada. El desprestigio presidencial, la conflictividad social, las desconfianzas entre los partidos de oposición, las erróneas interpretaciones sobre la realidad castrense no contribuían a una unidad en torno a una oposición firme. Algunos sectores pensaron que se trataba de una ruptura militar progresista. En esas circunstancias, los que advirtieron los peligros que amenazaban la deteriorada democracia, se encontraron solos.
Algunos grupos políticos y la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) valoraron como positivos los comunicados 4 y 7 por las inquietudes que presentaban.
Durante los meses entre febrero y junio, la agresividad y el corte militarista de intensificaba en las declaraciones públicas (que incluían denuncias sobre conspiraciones en contra del COSENA o corrupción de los políticos).
La justicia militar solicitó los fueros de los senadores Vasconcellos y Erro, procesó militares constitucionalistas.
Casi no hubo declaración política que no fuera replicada de inmediato por las FFAA durante esos meses.
El Frente Amplio, los sectores mayoritarios del Partido Nacional y facciones minoritarias del Partido Colorado recrudecieron su oposición a Bordaberry y sus denuncias.
Paralelamente se multiplicaban las denuncias de torturas y procedimientos ilegales por parte de integrantes de las FFAA; clausuras temporales de medios de prensa; secuestro de ediciones de diarios argentinos; muertes de detenidos (como el trabajador rural de Durazno Oscar Felipe Mendieta); acciones de grupos de extrema derecha en liceos de la capital; numerosos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales...

Período Dictatorial
27 de junio 1973.
Golpe de Estado: disolución de las cámaras Legislativas y de los Gobiernos departamentales.
Se crea el Consejo de Estado.
Los Comandos Generales ejercieron la dirección de la lucha “antisubversiva”, Los “Mandos” (quienes tenían la facultad de decidir y ordenar dentro de lo regulado en leyes militares) superiores eran los de los Comandantes en Jefe del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; Jefes de policía; mandos de la SID (Servicio de Información y Defensa) y la OCOA (Oficina Coordinadora de Operaciones Antisubversivas). El Presidente, en tanto Mando Superior de las Fuerzas Armadas.

Octubre. Intervención de la Universidad.

1974- 19 de febrero se aprueba la Ley Orgánica Militar N° 14157, institucionalizándose el COSENA, el ESMACO y la Junta de Comandantes (estos dos últimos creados en 1971)
Surgen los Comité de Resistencia Anti Facista (CRAF), grupos clandestinos, integrados en este departamento, en su mayoría, por estudiantes de educación secundaria y magisterio. Buscaban genear desobediencia civil en forma pacífica (pegatinas, volantes, pintadas...). Estos organizan una caminata por 18 de julio en la ciudad de San Carlos, con motivo del 1er aniversario del Golpe de Estado, en la cual participaron un par de decenas de valientes mujeres y hombres.
1975- V Censo Nacional de Población.
27 de abril, fallecimiento de Amelia Lavagna, en circunstancias poco claras en su detención por parte de militares, en su casa de Manantiales.
Desarticulación de los CRAF en Maldonado.
1976- Se intensifica la represión en Maldonado a los integrantes del Partido Comunista.
2 de enero, detención de Horacio Gelós Bonilla frente a la plaza de la ciudad de Maldonado.
6 de marzo detención de Eduardo Mondello en Piriápolis. 9 de marzo, fallecimiento de Eduardo Mondello en el Batallón de Ingenieros N°4
12 de junio. Destitución de J. M. Bordaberry y asunción de la Presidencia de la República por Alberto Demicheli.
1° de setiembre- Aparicio Méndez asumió la presidencia de la República.
4 de noviembre, secuestro de los hermanos Epelbaum en Punta del Este.
1977-79- Actos institucionales que eliminan el Poder Judicial y reorganizan la seguridad social.
Continuaron con las destituciones de funcionarios públicos, especialmente docentes.
1980- noviembre. Plebiscito constitucional; triunfo del NO.
1981- Primeras desproscripciones; restauración del poder Judicial.
1982- 25 de noviembre “Ruptura de la tablita”
28 de noviembre Elecciones internas de los tres partidos autorizados.
1983 1° de mayo Primera celebración del Día de los Trabajadores en diez años.
13 de mayo/5 de julio Conversaciones del Parque Hotel
27 de noviembre Multitudinario acto público en el Obelisco.
1984 marzo Libertad de Líber Seregni.
Junio Retorno y detención de Wilson Ferreira Aldunate.
6 julio/3 agosto Pacto del Club Naval.
25 de noviembre Elecciones nacionales.

La Represión en Maldonado.

En nuestro departamento, los trabajos de inteligencia sobre posibles “agentes del comunismo”, comenzó mucho antes del golpe de Estado y la búsqueda de militantes de movimientos clandestinos en el departamento se hizo constante desde el asalto por el MLN al Casino del Hotel San Rafael, en febrero de 1969.
El primer operativo grande militar y policial en el departamento, fue la búsqueda en Maldonado, San Carlos y Punta del Este de Aloysio Díaz Gomide y Claude Fly (secuestrados por el MLN), en agosto de 1970.
El período de mayor represión a los pobladores de nuestro departamento, se dio entre los años 1972 y 1978.
Maldonado forma parte de la División de Ejército IV, junto con Lavalleja, Rocha, Treinta y Tres y Cerro Largo.
Los centros de detención en esta división, fueron el Batallón de infantería N°10 y Regimiento de Caballería N° 7 en Treinta y Tres, Batallón de Infantería N° 11 en Minas, Batallón de Infantería N° 12 en Rocha y Regimiento de Caballería N°8 en Melo.
La base de la represión en Maldonado, se encontraba en el Batallón de Ingenieros N°4, donde funcionaba la oficina del S2 (Oficina de Inteligencia a cargo de un oficial dependiente del Jefe y Sub jefe de la unidad militar) donde se interrogaba a los detenidos; una habitación cercana para torturas; dos sectores para detenidos de ambos sexos y en el predio, un rancho utilizado por agentes del OCOA IV para torturas e interrogatorios.
Los procedimientos más comunes realizados por el S 2 eran:
Detener sospechosos de realizar actividades subversivas, señalados por la SID o por otras unidades militares, policía, prefectura o por denuncias de vecinos en comisarías; luego del análisis de la información disponible y la autorización del jefe de la unidad militar. Las detenciones las realizaban los agentes del S2 uniformados y con apoyo en policía local.
Traslado de detenidos a la unidad militar, encapuchados y esposados. Fichaje del detenido. Revisión médica por parte de los médicos militares (operación no realizada en momentos de mayor represión).
Sometimiento de los detenidos a plantón (tortura consistente en permanecer parado cerca de una pared, con los pies a un metro de distancia entre si, con manos en la nuca, durante horas), con prohibición de consumir alimentos ni agua y generalmente sin poder ir al baño. Al caer la persona sin fuerza para sostenerse, se lo levantaba a golpes. Esto se acompañaba con torturas psicológicas. Sobre todo en el caso de mujeres, se les despojaba de la ropa, quedando en ropa interior o desnudas.
Interrogatorios a cargo del Oficial, estando el detenido encapuchado o no, tomando nota un escribiente. Estos interrogatorios eran acompañados por torturas físicas. En la misma sala, se le practicaba el submarino al detenido (sumergían su cabeza en un tanque con agua, orín, escupitajos y materia fecal, hasta el borde de la asfixia. En el submarino seco, que también se empleó, colocaban una bolsa de plástico en la cabeza del detenido, atándola en el cuello, hasta casi asfixiarlo. En una habitación cercana a la oficina de interrogatorio, disponían de magnetos para practicar la picana (descargas eléctricas en diversas partes del cuerpo, utilizándose incluso una cama de elástico metálico con sábana mojada para que la descarga fuera en todo el cuerpo). Otro método empleado era el Cristo, atando las muñecas del detenido con alambre, colgándolo de puños y pulgares y permaneciendo durante días en esa posición y con incorporación de golpizas. Muchas veces, los detenidos familiares o amigos cercanos eran golpeados en presencia del otro. Circulan versiones de violaciones, en el caso femenino en esta unidad militar, aunque las denuncias registradas pertenecen a otros centros de tortura (muchas veces practicaron violaciones con objetos y ratas a mujeres y hombres). Dar alimento a los detenidos y obligarlos a vomitar a golpes fue otra de las prácticas de tortura. En otras unidades (tal vez también aquí, aunque no se tenga registro), se utilizaron simulacro de fusilamientos, caballete y estaqueamientos. Los interrogatorios no tenían número ni duración y esta situación podía continuarse durante días o incluso más de un mes. Al estar incomunicados, durante el proceso de indagatoria, los familiares no tenían noticia de los detenidos.
Realización de un informe por escrito al jefe de la unidad, firmado por el detenido.
El jefe de la unidad determinaba la liberación o el sometimiento a la justicia militar.
Otro centro de tortura en el departamento, fue el Cuartelillo (hoy Paseo San Fernando en Maldonado), sede administrativa de la OCOA IV y centro de tortura clandestino.
Quienes pertenecían a organizaciones clandestinas (como el caso de los CRAF en Maldonado), intentaban no ceder ante la tortura, al menos un tiempo que permitiera alertar a sus compañeros y tomar los recaudos del caso (como irse del país, decisión tomada por algunos). Muchos no creían que la represión y la tortura pudiera desarticular la resistencia organizada a la dictadura, idea que se comprobó errónea.

Víctimas mortales y desaparecidas a manos de la represión en Maldonado.

Amelia Lavagna, esposa del coleccionista de armas José Pedro Tizze. Fallecida un día después de su detención en Manantiales (ocurrida luego de 2 días de la detención de su esposo), atribuyéndosele la causal de autoeliminación con veneno para cotorras (inexistente en su hogar); sin autopsia se le expide un certificado de defunción firmado por el médico del batallón de Ingenieros N 4, Dr. Mario Scasso, con causa de muerte a consecuencia de shock basculo cardíaco el 27 de abril de 1975. Los familiares desestimaron siempre esa causal.Este caso fue presentado ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en 1976, 1981 y 1982. Esta comisión pidió informe al gobierno uruguayo quien mantuvo la versión de suicidio. En 1990 se presentó denuncia en el marco de la Ley de Caducidad en el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal del 1° Turno; remitiéndola el Juez al presidente Alberto Lacalle, quien comunicó su comprensión en el artículo 1 de la misma Ley. En 2011 se volvió a tratar a nivel judicial en la causa abierta a Juan María Bordaberry.9

Horacio Gelós Bonilla. Obrero de la construcción fernandino, dirigente del SUNCA, edil departamental suplente del FIDEL (Frente Amplio) hasta el golpe de Estado. Fue detenido (la última de varias detenciones) en la tardecita del 2 de enero de 1976 en Sarandí y Florida, Maldonado. Desde 1973 era detenido todos los años, los días previos al 1 de mayo, como forma de amedrentar pero la última vez no sobrevivió a las torturas.
Quienes desarrollaron el operativo fueron integrantes de la OCOA IV de Maldonado.
Una vez detenido, fue trasladado al Batallón de Ingenieros N° 4, donde varios de sus compañeros reconocen su voz y escucharon su nombre. Según los testimonios, fue víctima de numerosas torturas, entre ellas colgamiento. Lo interrogaban sobre una chacra comprada por el SUNCA para colonia de vacaciones del sindicato, tenencia de armas y miembros del Partido Comunista.
Hay dos versiones aportadas por los testigos, sobre las causas del fallecimiento ocurrido el 6 de enero de 1976; una que murió por un paro cardíaco (tenía problemas cardíacos) motivado por las crueles torturas, otra que murió desangrado a causa de una castración en tortura.
Las autoridades negaron el secuestro y detención clandestina, así como la muerte de Gelós, yendo incluso a la casa a buscarlo en reiteradas ocasiones.
En 1984, familiares y amigos denunciaron la situación ante la Comisión de Derechos Humanos en Maldonado. En 1985 se presentó la denuncia en el Juzgado Letrado de 2° turno de Maldonado. La Investigadora de Cámara de Representantes concluyó que en su desaparición participaron miembros de las Fuerzas Conjuntas. Remitieron antecedentes a la Suprema Corte de Justicia y al Poder ejecutivo. El Presidente Julio María Sanguinetti dictaminó que se encontraba en el marco de la Ley de Caducidad y decidió no investigar.
El caso fue tratado nuevamente en 2009 por la Comisión para la Paz, creada por el Presidente Jorge Batlle. Allí se reconoció su muerte, considerándose que sus restos podrían estar en inmediaciones de la Ruta Interbalnearia y la costa, en zona de montes.
En 2005, el Comando General del Ejército, reconoce al Presidente Tabaré Vázquez el secuestro y fallecimiento de Horacio Gelós Bonilla.
Actualmente sigue sin establecerse los autores del secuestro y desaparición y la ubicación de sus restos. Su causa se encuentra en la causal abierta a Juan María Bordaberry.

Eduardo Mondello Techera. Fotógrafo piriapolense, militante del Frente Amplio y del MLN-T. Fue detenido el 6 de marzo de 1976 en su local de Rambla de los Argentinos y Sanabria, Piriápolis.
Mondello ya había sido detenido en Minas y procesado en 1972 por integrar y participar en acciones del MLN-T en esa ciudad. Cumplió condena en el Batallón de Infantería 11 (Lavalleja) y en el Penal de Punta Carretas; excarcelado en diciembre de 1973 retenido por la Jefatura de Policía de Montevideo por Medidas Prontas de Seguridad. En 1976 se encontraba en libertad vigilada por el Batallón de ingenieros N° 4.
La misma madrugada del 6 de marzo, fueron detenidas varias personas en Piriápolis y trasladados al Batallón de Ingenieros N°4, en el marco de un operativo (en el que participaba el Jefe de Policía, el Prefecto y el Jefe del Batallón) de “toma de rehenes” por presumir un plan que opacara la temporada turística en Punta del Este.
El Jefe del Batalón de Ingenieros N° 4 era Ulises Moraes. Allí interrogaron a Mondello bajo tortura física y psicológica. Según testigos, entre otras torturas, recibió golpes, extracción de uñas. El forense Moisés Salgado constata 48 equimosis externas en brazo como quemaduras; más de 200 golpes y erosiones en todo el cuerpo, hematoma por golpes en la zona del hígado; lesiones indicativas de falta de oxígeno por submarino seco el cual le probocó un paro cardíaco que le quitó la vida.
El cuerpo fue entregado a la familia, a través de la empresa Martinelli y escoltado hasta la casa por un camión de fusileros; con la orden del General Gregorio Álvarez (Comandante de la División IV y posterior presidente de facto) de no abrir el cajón (medida desobedecida por los familiares).
El sepelio y entierro de Mondello fue vigilado, interrogando a los concurrentes.
El caso fue presentado en setiembre de 1976 ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En mayo de 1979 el gobierno uruguayo les respondió que Mondello había muerto en forma natural de un síncope cardíaco.
En el marco de la Ley de Caducidad en 1990 se presenta la denuncia en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1er Turno de Montevideo, en la causa contra el ex Comandante en Jefe del Ejército Julio César Vadorra. El Juez envió nota al presidente Alberto Lacalle, quien dispuso se enmarcaba en el artículo 1 de la Ley de Caducidad, no investigándose el caso.
En 2011 se enmarcó el caso en la causa abierta contra Juan María Bordaberry.

Lila y Claudio Epelbaum Slotopolsky
Ambos hermanos argentinos, militantes de la Juventud Peronista, de la República Argentina, se habían radicado en una propiedad de su familia en Punta del Este luego del secuestro y desaparición de su hermano Marcelo (ocurrido el 10 de agosto de 1976).
El 4 de noviembre de 1976, los hermanos realizaron gestiones en la oficina de Pluna para volver a Argentina y fueron secuestrados por represores argentinos, con la colaboración de Prefectura Nacional Naval Uruguaya y la Jefatura de Policía de Maldonado. Los trasladaron ilegalmente a Buenos Aires. Claudio fue visto en el centro clandestino de detención “El Banco” y Lila en el centro de torturas “Vesubio”.
Los restos de Lila Epelbaum y uno de sus hermanos (no se sabe cuál) fueron hallados en el cementerio de Avellaneda, en mayo de 2004.
El caso de los hermanos Epelbaum, da cuenta de la dinámica del Plan Cóndor y de su operativa en nuestro departamento.


Economía en dictadura.
En nuestro departamento, a fines de la década de los 70's (luego de dos décadas de estancamiento), se vivió un despegue del turismo y por consecuencia de la construcción.
El famoso boom de la construcción impulsó la llegada de muchísimos pobladores provenientes de otros departamentos, buscando oportunidades de trabajo en temporada, para luego afincarse.
Esta situación se vio favorecida por:
Bajos precios de las tierras.
Atractivo turístico de la zona.
Estabilidad política. Los militares promocionaban su permanencia en el poder con el slogan “Un país sin marxismo construye con fe”; Un país libre se subversión en el marco de una región polarizada entre gobiernos dictatoriales y focos socialistas de acción democrática o armada; era un elemento de interés para los turistas extranjeros, mayormente argentinos.
Seguridad para inversores. Mayormente ingresaron capitales argentinos para la construcción; facilitados por una política económica liberal.
Manos de obra. Mano de obra calificada y barata. El andamiaje sindical estaba desarticulado por lo tanto, los trabajadores (sobre todo los de la construcción) debían aceptar las condiciones laborales que se presentaran. Esto se suma a que las actividades vinculadas al desarrollo turístico y en especial la construcción, eran mejor remuneradas que otras.

Los efectos del boom de la construcción en las migraciones, no solamente significó la migración campo-ciudad, sino el deslazamiento de las familias oriundas de las zonas costeras, quienes vendieron sus tierras a inversores.
En todas las ciudades del departamento pero mayormente en Maldonado y San Carlos, se vio una gran expansión de su casco urbano, generándose numerosos barrios nuevos.
Prosperaron nuevos fraccionamientos (Que rápidamente se constituyeron en un negocio muy rentable, persiguiendo, incluso, la Intendencia al mando del Coronel Juan César Curuchet, a empresas como Maldonado Nuevo S.C.A. que vendían os terrenos a precios accesibles para los obreros). También se desarrollaron barrios de asentamiento en terrenos privados sin autorización de los propietarios (como Barrio Kennedy).
Hacia 1977, la gran demanda de mano de obra propició el aumento de salarios.
El efecto del consumismo producto de la abundancia de trabajao, el crecimiento de las masas trabajadoras con creciente poder adquisitivo y una política crediticia que permitía adquirir en forma financiada, desde un solar para construir una casa, pasando por un auto o para la compra de un televisor; hizo que Maldonado se transformara en un oasis de trabajo encerrado en una burbuja que se rompió con la crisis económica de 1982. LA crisis provocó la retracción del sector de la construcción y con ello todo el andamiaje de una coyuntura económica muy favorable llegó a su fin.
Aquellos hombres y mujeres que se habían convencido que e trabajo en Maldonado nunca iba a faltar, despertaron de un sueño, en muchos casos endeudados.”1
El año 1982 marca una ruptura en un ciclo de expansión económica.

A nivel nacional, Nahum concluye:
Tales fueron los resultados de la política económica de la Dictadura. Francamente negativa para los sectores productivos, asalariados y pasivos, dejó una fuerte deuda externa y un pesado endeudamiento interno que dificultó durante años el crecimiento de la economía. En neoliberalismo había actuado sin oposición: estos fueron sus frutos.”2

Mecanismos de control de la opinión públicas

El régimen utilizó estrategias como: campañas publicitarias que lo ubicaban a los militares como salvadores del país frente a la subversión; conmemoraciones patrióticas con “el año de la orientalidad”(1975); celebración de fiestas cívicas; concresión de obras públicas (como las piscina pública del Campus, el CEDEMCAR, o la Etación de Cría de Fauna Autóctona del Cerro Pan de Azúcar). Esto se sumó a la censura de los medios de comunicación que se venía implementando desde la década de los 60's.

1Noguéz, A. “Maldonado en Dictadura: aportes para la construcción de la memoria colectiva” .Zona Libro, Montevideo , 2016. Pág. 282

2Nahum ,B. “Breve Historia del Uruguay Independiente” Banda Oriental, Montevideo. Pág 182
1Noguéz A. “Maldonado en dictadura: aportes a la construcción de la memoria colectiva”, Maldonado 2016. pág 136
2Semanario “La Democracia”: “Acto Democrático de Jerarquía”: Ciudad de San Carlos, 1° de Junio de 1962. Citado por Noguéz A. ídem pág 53
3Semanario “LA Democracia”: Asociación de Mujeres Demócratas Anti Comunistas de Maldonado”: Ciudad de San Carlos, 10 de Maro de 1962. ídem pág 59
4Nahum, B. “Breve Historia del Uruguay Independiente”, Banda Oriental, Montevideo1999.
5Noguéz A. “Maldonado en dictadura: aportes a la construcción de la memoria colectiva”, Maldonado 2016.
6Nahum, B. “Breve Historia del Uruguay independiente”. Banda Oriental, Montevideo, pág 169
7Caetano G., Rilla J. “Breve Historia de la dictadura”. Banda Oriental, Montevideo. Pág 19
8Citado por Caetano y Rilla, pág 20
9Noguéz, A.
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10Nahum ,B. “Breve Historia del Uruguay Independiente” Banda Oriental, Montevideo. Pág 182

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martes, 15 de octubre de 2019

La dictadura en Uruguay 1973-1985

La dictadura cívico militar (1973-1985)  Larrobla, Carla
Extraido de http://www.1811-2011.edu.uy

Antecedentes del Golpe de Estado de 1973

El Golpe de Estado de 1973 estuvo precedido por un proceso de crisis gradual del sistema político cuyo inicio podría fecharse en 19671. Caracterizado por el deterioro de la democracia y del Estado de Derecho, este período ha sido denominado por Álvaro Rico como “el camino democrático de la dictadura”2, donde se asistió a una auto-transformación del Estado de Derecho en Estado policial.

La agudización de la violencia es otro de los elementos que permiten caracterizar los años previos a la dictadura. La irrupción de la lucha armada como camino de transformación impulsada por algunas organizaciones políticas, como fue el caso del Movimiento de Liberación Nacional- Tupamaros (MLN), se inscriben en un clima de agitación revolucionaria que trasciende a la esfera nacional. Las movilizaciones sociales crecientes fueron acompañadas por los procesos de unidad sindical y de la izquierda uruguaya. Estos procesos culminan con la formación de la Convención Nacional de Trabajadores en 1964 y del Frente Amplio en 1971.

En contrapartida las prácticas represivas por parte del Estado se fueron extendiendo y profundizando. La aplicación sistemática de la tortura a los detenidos fue denunciada en reiteradas ocasiones al tiempo que aumentaban las acciones de los grupos de ultra derecha.

El avance del autoritarismo a nivel de la esfera pública provocó la reestructuración del mundo privado, instalando el clima de sospecha, la duda, la desconfianza. El miedo comenzó a calar hondo en la sociedad uruguaya. Las Medidas Prontas de Seguridad fueron utilizadas de forma sistemática por parte del gobierno en aras de combatir a la “subversión” que era representada tanto por la guerrilla como por todos aquellos que respondían al “marxismo internacional”.

En enero de 1972, Juan María Bordaberry asumía la presidencia de la República como el nuevo mandatario electo. El 14 de abril del mismo año, el MLN lanzó su plan de ofensiva contra el grupo de ultra derecha “Escuadrón de la Muerte”. Luego de una jornada sangrienta que culminó con 11 personas asesinadas3; el Parlamento declaró el “Estado de Guerra Interno” que se extendió hasta el 10 de julio de 1972 con la aprobación de “Ley de Seguridad del Estado” (que estará vigente durante toda la dictadura). De esta manera quedaban suspendidas las garantías individuales.
El deterioro de la democracia era visible para todos los sectores políticos y para la población en general mientras que la injerencia de los militares en la vida pública iba creciendo. Una vez finalizada la fuerte contraofensiva militar contra el MLN que logró desmantelar a la organización, el Presidente mostró claras intenciones de alejar de escena a las Fuerzas Armadas.
Llegamos, de esta manera, a la crisis de febrero de 1973. Ante el nombramiento del Gral. Antonio Francese para el cargo de Ministro de Defensa Nacional, el Ejército y la Fuerza Aérea emitieron, el 8 de febrero un comunicado solicitando al Presidente que relevara del cargo al nuevo ministro. Por su lado, la Armada Nacional, fiel a Bordaberry ocupó la Ciudad Vieja, bloqueándola en señal de apoyo.
Paralelamente el Ejercito y la Fuerza Aérea, emitieron los comunicados 4 y 7 -el 9 y 10 de febrero. Éstos provocaron una gran confusión en diversos sectores políticos y sociales que apoyaron la postura de los militares al considerarlas más progresistas que las que representaba el Poder Ejecutivo. De esta forma se produjo un mayor aislamiento del Presidente que veía como se multiplicaban las voces que pedían su renuncia. Ante esta situación, es Bordaberry quien pone punto final a la crisis institucional, tras acordar con los militares el 13 de febrero de 1973, en lo que ha sido llamado el “Pacto de Boisso Lanza”. En el mismo se estipuló la creación del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), integrado por el Presidente, algunos ministros, los Comandantes de las tres armas y el Jefe del Estado Mayor Conjunto. La presencia de las Fuerzas Armadas en la vida pública del país quedaba, así, institucionalizada.
El 25 de abril de 1973, el Poder Ejecutivo solicitó al Senado el desafuero del Senador Enrique Erro, por supuestas vinculaciones con el MLN- T, el cual será rechazado por la Cámara de Representantes, por un solo voto de diferencia. Las discusiones que se generaron al respecto del desafuero agudizaron las tensiones entre el elenco parlamentario y los mandos castrenses.
El 1º de junio Bordaberry reimplanta las Medidas Prontas de Seguridad, provocando el retiro del apoyo de la “Lista 15” al gobierno. Los conflictos con los partidos políticos siguen profundizándose: es detenido el presidente del Directorio del Partido Nacional al tiempo que se anuncia el envío por parte del Ejecutivo del pedido de desafuero del diputado nacionalista Héctor Gutiérrez Ruiz.  La crisis política se agravaba cada vez más.

Golpe de Estado y Huelga General

En la madrugada del 27 de junio, el Presidente Juan María Bordaberry firmó, junto a los Ministros de Defensa e Interior, el decreto de disolución del Parlamento. De esta manera es el presidente electo constitucionalmente quien “…en dicho acto (autogolpe) deviene dictador de facto. No existió, pues, ni usurpación, ni vacío, sino continuidad y unidad del poder estatal…”4


La respuesta de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) fue inmediata y la Huelga General fue declarada el mismo 27 de junio, procediéndose a la ocupación -por parte de los obreros- de los lugares de trabajo. Esta medida fue acompañada por la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) impulsando la paralización de las actividades curriculares y la ocupación de  los centros de estudio. La respuesta del gobierno no se hizo esperar y el 30 de junio se emitió el decreto de disolución de la CNT y se dispuso la clausura de sus locales y el arresto de dirigentes sindicales. El 11 de julio la central decidió levantar la huelga en el marco de una represión creciente que provocó que el gobierno debiera habilitar el Cilindro Municipal como centro de detención, debido a que la capacidad de las cárceles y de otros establecimientos de reclusión se encontraba saturada.
La Huelga General se extendió a lo largo de 15 días y fue acompañada por distintas acciones del movimiento popular: manifestaciones relámpago (la más significativa de ellas fue la realizada el 9 de julio sobre la avenida 18 de julio5), reorganización inmediata de las ocupaciones luego de los desalojos, volanteadas, pintadas; llegando a realizarse el simbólico acto de apagar la llama de la refinería de ANCAP, ubicada en el barrio La Teja.
Como contraparte, la política represiva desplegada por el gobierno dejó como saldo cientos de detenidos y heridos y dos trabajadores asesinados: Walter Medina (6 de julio) y Ramón Peré (9 de julio).
En lo que refiere al movimiento estudiantil, las autoridades decidieron realizar en setiembre de 1973, las elecciones universitarias bajo el control de la Corte Electoral. En todos los servicios universitarios triunfaron los sectores de oposición a la dictadura, convirtiendo a este acto eleccionario en un fracaso para los objetivos del gobierno. A esta instancia se le suma el suceso del  27 de octubre de 1973, donde luego de la explosión de una bomba en la Facultad de Ingeniería, fue intervenida la Universidad de la República al tiempo que fueron detenidos el Rector y la mayoría de los Decanos. A partir de ese momento se inició un proceso de depuración de los principales cuadros docentes universitarios.  Por último el 28 de noviembre  fueron ilegalizadas las actividades de casi todos los partidos o grupos de izquierda y de la FEUU.

Breve síntesis del proceso político de la dictadura

El 27 de junio de 1973 comenzó a organizarse el aparato institucional que daría forma al gobierno de facto. De esta manera, a través del mismo decreto que disolvió el Parlamento, se creó el Consejo de Estado, cuyas atribuciones fueron: desempeñar las funciones de la Asamblea General y controlar la gestión del Poder Ejecutivo en lo referente al respeto a los derechos individuales y a las normas constitucionales y legales. A su vez debía elaborar un anteproyecto de reforma constitucional. Dicho Consejo inició sus funciones el 19 de diciembre de 1973 siendo su primer presidente el ex senador nacionalista Martin Echegoyen.
El mismo día del Golpe de Estado se emitió el decreto de disolución de las Juntas Departamentales que fueron sustituidas por las Juntas de Vecinos, cuyos miembros (nueve para Montevideo y siete para las 18 restantes) serían designados por el Poder Ejecutivo. Las principales funciones gubernamentales fueron absorbidas por las Intendencias Municipales. Cabe señalar que la totalidad de los intendentes fueron confirmados en sus cargos, registrándose sólo la renuncia del Prof. Amaral, intendente de Rocha.
El ya mencionado decreto del 28 de noviembre de 19736 ilegalizó a los siguientes partidos o grupos políticos: Grupos de Acción Unificadora (GAU), Movimiento 26 de marzo, Movimiento Revolucionario Oriental, Partido Comunista Revolucionario (PCR), Partido Comunista del Uruguay (PCU), Partido Socialista (PS), Unión Popular y Unión de Juventudes Comunistas (UJC).
La participación de las Fuerzas Armadas había sido institucionalizada en febrero de 1973, tras la creación del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) cuya integración era mixta en tanto participaban civiles y militares. Éste organismo y la Junta de Comandantes en Jefe (JCJ) de las tres Armas, jugaron un papel fundamental durante el proceso dictatorial tanto para la coordinación de la gestión gubernamental como para la planificación de medidas políticas y represivas.
Bajo los principios rectores de la Doctrina de Seguridad nacional (DSN) se aprobó en 1974 una nueva Ley Orgánica Militar, que completaba la institucionalización del COSENA, la JCJ y el Estado Mayor Conjunto (ESMACO).
A partir de ese año, el número de funcionarios militares que comenzaron a ocupar cargos en el aparato estatal fue aumentado considerablemente. Este proceso de “militarización” del Estado implicó que integrantes de las Fuerzas Armadas fueran designados como interventores de distintos Entes Autónomos y para distintos cargos dentro de la administración pública. Estas medidas se enmarcan dentro de una política de control y vigilancia de la sociedad civil comprendida dentro de la lógica de combate al enemigo interno.
Como mecanismo para fortalecer la idea de un proyecto nacional, 1975 fue fijado como el “Año de la Orientalidad” en el marco de los festejos del “Sequiscentenario de los Hechos Históricos de 1825”. Toda una serie de dispositivos conmemorativos se desplegaron en el correr del mismo año en el que comienzan a manifestarse las primeras divergencias entre el elenco castrense y el presidente Juan María Bordaberry.
Estas diferencias se pusieron de manifiesto a la hora de definir el camino que debía tomar el gobierno en 1976 (año en el que – constitucionalmente- deberían ser realizadas las elecciones nacionales). Los planteos de Bordaberry se orientaban a la fundación de un nuevo régimen político donde el sistema de partidos como tal no tendría cabida. Este último punto resultó inadmisible para los mandos militares que decidieron la destitución del presidente el 12 de junio de 1976.
A partir de ese momento asumió -de forma transitoria- la presidencia Alberto Demicheli, quien pertenecía al Partido Colorado, y las elecciones previstas para ese año fueron suspendidas. Se creó el Consejo de la Nación, integrado por el Consejo de Estado y la Junta de Oficiales Generales y que, entre sus facultades, poseía la potestad de designar al Presidente así como a los miembros del Consejo de Estado y de otros ámbitos gubernamentales de extrema importancia. Pocos meses después, el 1º de setiembre de 1976, la presidencia de la República pasó a manos de Aparicio Méndez, de filiación blanca.

Una de las primeras medidas de Méndez fue la firma de una serie de Actos Institucionales, dentro de los cuales se estableció la proscripción de toda actividad política. Estos actos constituían una serie de normas de carácter constitucional que sustituían a la Carta Magna en tanto se proyectaba una reforma de la misma.
A partir de ese momento asistimos a lo que Carlos Demasi denomina como “giro castrense” que no implicó el alejamiento de los civiles del gobierno “…pero definió de otra forma las reglas de su participación: los cuadros políticos debían esperar autorización para hablar en público, o aleccionar a algún militar para que fuera este el que hablara.”7
En agosto de 1977 los comandantes presentaron un “Cronograma político” donde se anunciaba la realización de elecciones para 1981 con una única candidatura y la apertura a más candidatos para 1986. Al mismo tiempo expresaron su voluntad de realizar una reforma constitucional en aras de legitimar las transformaciones introducidas por medio de los actos institucionales.
El acto plebiscitario se produjo el 30 de noviembre de 1980 y la población debía manifestarse por “Si”  o por “No” al proyecto constitucional. Esta instancia significó la derrota del proyecto impulsado por la dictadura tras la victoria del “No” por  57,9% de los votos. Los momentos previos al plebiscito implicaron una gran movilización política; las autoridades desplegaron una gran campaña publicitaria mientras que aquellos que se oponían a la dictadura realizaron las más diversas actividades propagandísticas tanto de forma clandestina como en el marco de una restringida legalidad. A partir de esta derrota se abre una nueva etapa del proceso político.
En 1981 se aprobó el Acto Institucional Nº 11 donde se establecía una transición de tres años, y se preveía que en 1982 se realizarían elecciones internas en los partidos políticos autorizados: Partido Colorado, Partido Nacional y la Unión Cívica. Por el mismo acto se designaba un nuevo presidente; cargo que el 1º de setiembre asumió el Teniente General ® Gregorio Álvarez.
En lo que respecta a las elecciones internas, las mismas implicaron la desproscripción de una buena parte de la oposición y la reactivación de la vida política. Los partidos acordaron las candidaturas a presentar y quedaron establecidas claramente dos alternativas: los opositores a la dictadura y los que apoyaban al gobierno de facto.
La exclusión de la izquierda suscitó que se organizara un movimiento que promovía el voto en blanco como forma de expresar el apoyo al Frente Amplio. Sin embargo no faltaron los debates entre los diferentes sectores que conformaban la coalición sobre cómo actuar frente a las elecciones internas. La iniciativa del voto en blanco fue impulsada por el Gral. Líber Seregni desde la prisión y, pese algunas opiniones que se inclinaban por el apoyo a los sectores progresistas de los partidos tradicionales; la izquierda se alineó en torno a esta propuesta. Desde el exterior y en la clandestinidad, los militantes se movilizaron para marcar la presencia y vigencia del Frente Amplio.
Las elecciones se llevaron a cabo el 28 de noviembre de 1982, el 60,61% de los habilitados a votar concurrieron a los comicios y resultaron ganadoras las listas opositoras a la dictadura. A partir de ese momento comenzaron a funcionar las Convenciones partidarias y se iniciaron las conversaciones con el gobierno para pautar los caminos a seguir para la salida de la dictadura. Las primeras conversaciones se llevaron a cabo entre mayo y julio de 1983 en el Parque Hotel y duraron hasta que los partidos decidieron abandonarlas por entender que era inadmisible continuar las negociaciones en tanto se mantenían las prácticas represivas.
Al mismo tiempo, buena parte de la sociedad uruguaya comenzaba a movilizarse; varios espacios culturales brindaron un lugar para el desarrollo de acciones de resistencia, profundizando diversos mecanismos que se habían desarrollado a lo largo de los años de opresión para, por ejemplo, burlar la censura. Los gremios comenzaron, paulatinamente, a reactivarse. En ese sentido el gobierno autorizó la creación de  asociaciones de trabajadores por empresa que se nucleó en el Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT) y  permitió la realización de un acto para el 1º de mayo de 1983, que resultó multitudinario. El movimiento estudiantil, por su parte, conformó la Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública (ASCEEP).
Hacia mediados de 1983 comenzaron los primeros apagones y caceroleos masivos como forma de expresar el repudio a la dictadura y en setiembre se realizó la “semana del estudiante” con una convocatoria altamente exitosa. En este marco de creciente movilización social fue creada la “Intersectorial” como espacio de coordinación entre los partidos políticos y las organizaciones sociales. El momento culmine de este proceso fue el acto del 27 de noviembre llevado a cabo en los alrededores del Obelisco de Montevideo y bajo la consigna “Por un Uruguay democrático y sin exclusiones”.
En julio de 1984 se reiniciaron las conversaciones entre los partidos y los militares, pero esta vez el ausente fue el Partido Nacional. La negativa de los “blancos” se debía a la reclusión a la que era sometido Wilson Ferreira Aldunate, líder del sector más “progresista”, quien había regresado al país el 16 de junio siendo detenido de forma inmediata. De esta manera las negociaciones fueron llevadas adelante por el Partido Colorado, la Unión Cívica y la izquierda (cuyo principal dirigente, Líber Seregni, ya había sido liberado pero se encontraba proscripto).
Como resultado de las primeras conversaciones se fueron derogando algunos de los Actos Institucionales, y se inició la liberación gradual de los presos políticos. Al mismo tiempo se anunció la desprocripción del Frente Amplio pero se mantenía ilegal al Partido Comunista.
El 23 de agosto de 1984, en el Club Naval  se concretó el acuerdo entre militares y políticos y se fijaron las elecciones para noviembre. En setiembre se organizó, con la participación  de los partidos políticos y distintas organizaciones sociales, la Concertación Nacional Programática (CONAPRO). Este espacio tenía como objetivo lograr acuerdos y fijar criterios para el futuro gobierno democrático.  
El 25 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones nacionales, muchos políticos continuaban proscriptos y varios miles de ciudadanos tenían vetada la posibilidad de votar. La victoria recayó en el Partido Colorado y el 1º de marzo de 1985 asumió la presidencia, el Dr. Julio María Sanguinetti.

    
La política económica: Profundización y fracaso de la liberalización

En 1973 se realizaron dos cónclaves8 de gobierno; el primero de ellos se llevó a cabo a fines de agosto en el fuerte de San Miguel en el departamento de Rocha. El segundo se realizó en el mes de octubre en el departamento de Colonia. Allí se establecieron las pautas de las acciones económicas que se iban a desarrollar bajo la idea motora de liberalizar la economía y siguiendo las indicaciones esbozadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y aprobado por el PE el 4 de abril de 1973. Algunas de las premisas planteadas en dicho plan eran: limitar el papel del Estado en materia de intervención económica, realizar una apertura económica hacia el exterior, jerarquizar el papel del empresario privado y promover el ingreso de capitales extranjeros.
La crisis del petróleo que se produce en el mes de octubre provocó la necesidad de ajustar algunos de los lineamientos planteados, debido a que al alza del precio del crudo y el cierre del mercado europeo generaron un desequilibro externo que debía ser enfrentado a través de la imposición de ciertas medidas económicas. Es así que el rol de Estado se mantiene, en algunos sentidos, como intervencionista; esta experiencia económica ha sido denominada por Jorge Notaro como “intervencionismo reestructurador”.9 De esta forma y con el objetivo de impulsar la diversificación de las exportaciones, se tomaron algunas medidas que procuraban incentivar al sector agro-industrial: exoneración impositiva para algunos productos, líneas de crédito preferenciales y facilidades fiscales. Todos aquellos productos que eran exportables fueron declarados de interés nacional.

En 1974 la JCJ comenzó a participar activamente en el Consejo Económico y Social que asistía al gobierno en materia económica al tiempo que oficiaba de contralor de que se siguieran las medidas acordadas en los cónclaves mencionados. En julio del mismo año, Alejandro Végh Villegas asumió como Ministro de Economía logrando concretar algunas de las medidas liberalizadoras iniciadas en 1973  así como el fortalecimiento de la producción nacional.
Para atraer a los capitales extranjeros se implementaron diversas medidas: se promulgó la Ley de inversiones extranjeras, se promovió la reducción del costo de la mano de obra y se dio inicio a un intenso proceso de liberalización y apertura del sistema financiero uruguayo y del mercado cambiario. En mayo de 1975 se aprobó la ley de libre convertibilidad del peso uruguayo para los movimientos financieros y la libre transferibilidad de capitales. En marzo de 1976 se eliminó el curso forzoso de la moneda nacional y unos meses después se liberaron los topes de posiciones en moneda extranjera de los bancos. Jaime Yaffé expresa que: “al cabo de este proceso el mercado financiero uruguayo quedó completamente liberalizado lo mismo que los movimientos de capitales desde y hacia el país, iniciándose un proceso de dolarización de la economía”.10
Otra de las líneas económicas que caracterizan a este período fue el impulso de las exportaciones no tradicionales que permitió el crecimiento de industrias como la textil, el cuero, la química y la de algunos minerales no metálicos.
Para promover las exportaciones se impuso un tipo de cambio real elevado al tiempo que la caída del salario real favorecía que los costos de producción fueran competitivos en el mercado internacional. La diversificación de los mercados compradores fue otro de los pilares de esta política, de esta manera se establecieron relaciones comerciales con países asiáticos y árabes al tiempo que se suscribieron acuerdos con países de la región. Esto último provocó un fluido intercambio con Brasil y Argentina.  
Si bien las exportaciones registraron un claro aumento y constituyeron un puntal del crecimiento económico, también lo hicieron las importaciones provocando el déficit de la balanza comercial. Esta situación deficitaria fue apaliada con el ingreso de los capitales extranjeros y con el aumento de la deuda externa, que pasó de 956 millones de dólares en 1974 a 1.239 millones en 1978.
En setiembre de 1976  Valentín Arismendi asumió como nuevo Ministro de Economía y Finanzas en tanto que José Gil Díaz se convirtió en el nuevo presidente del Banco Central, ocupando dichos cargos hasta 1982. En el último mes de 1977 se llevó a cabo el cuarto cónclave cívico militar en Solís, allí fueron planteados los lineamientos que provocarían un reajuste de la política económica.
Uno de los objetivos estratégicos de este equipo económico era transformar al país en una plaza financiera, y para ello era necesario generar un clima económico favorable donde reinara la estabilización monetaria. Profundizando la línea económica del período anterior se procuraba mejorar la economía por medio del ingreso de capitales extranjeros ofreciendo para ello todo tipo de ventajas.
En ese marco se aplicaron una serie de medidas económicas que apuntaron a privilegiar la actividad financiera: se anularon los controles fiscales y se  abandonó el control de la oferta monetaria, en 1979 se eliminaron los encajes bancarios obligatorios y las tasas de intereses fueron liberadas al eliminarse los topes existentes y se amplió el margen de endeudamiento de los bancos.  En ese mismo año el sistema tributario fue modificado revocando el impuesto que afectaba a los depósitos bancarios y el que gravaba las ganancias de las inversiones extranjeras.
Un eje central de este período fue la modificación de la política cambiaria; se creó un sistema de preanuncio del tipo de cambio que fue conocido como “la tablita”. De esta manera el gobierno informaba con cierta anticipación cuántos pesos uruguayos valdría cada dólar americano. Este régimen privilegió la moneda norteamericana frente al peso en el marco  de la llamada “dolarización de la economía”; al tiempo que la imposición del atraso cambiario elevó el costo de las exportaciones y abarató las importaciones. En el marco de una política de liberalización importadora se fueron cancelando los beneficios que, en una primera etapa, se le habían otorgado a las industrias exportadoras. De esta manera, el mercado interno se vio, progresivamente, inundado de productos extranjeros. En ese sentido el déficit comercial se acrecentó durante  trienio 1979-1981.
En noviembre de 1981 se realizó, en Piriápolis, el quinto cónclave; los lineamientos allí aprobados configuraron un nuevo avance en el proyecto de desarrollo y de liberalización, pero no pudieron ser aplicados por el estallido de la crisis.
El 25 de noviembre de 1982 el Banco Central se retiró del mercado cambiario anunciando el abandono del cronograma de cotizaciones anticipadas, este episodio ha sido conocido como el “quiebre de la tablita”. El gobierno dejó de controlar el precio del dólar lo que provocó la suba estrepitosa de su valor, en solo dos días el dólar americano pasó de 13 a 39 pesos uruguayos. Ante esta situación, en diciembre de 1982 Valentín Arismendi fue sustituido por Walter Lusiardo Aznárez.
A partir de ese momento se desencadenó  una de las peores crisis económicas de la historia del país que develó las insuficiencias del modelo económico de la dictadura y la persistencia de “desequilibrios estructurales que el modo de crecimiento del período llevaba implícitos (déficit comercial, déficit en Cuenta Corriente, creciente endeudamiento externo e interno, alta inflación y deterioro de los ingresos reales de asalariados y usufructuarios de la seguridad social)”.11
A la quiebre de empresas se agregó el desempleo, que en 1982 registró un aumento considerable pasando del 7% al 12%. Sumado a esto, se asistió a la profundización de la caída del salario real. Por otra parte, la fuga de capitales fue acompañada por una persistente caída de las reservas. Los precios subieron y se desató, nuevamente, un proceso inflacionario. El endeudamiento externo creció alcanzando los 4.238 millones de dólares y el déficit fiscal trepó al 9% del PBI12 al tiempo que se producía la cesación de pagos.

En diciembre de 1983, Vegh Villegas fue convocado nuevamente para hacerse cargo de la cartera económica del país. Una vez más, el estado uruguayo asumió un rol intervencionista para poder salir de una crisis económica que se enmarcaba en el proceso de transición política hacia la democracia. En ese sentido la maniobra estatal consistió en adquirir, a través del Banco Central, los créditos incobrables correspondientes a cinco instituciones bancarias nacionales para que fueran adquiridos por bancos extranjeros. Para realizar esta operación –llevada a cabo en junio de 1983- el Estado tuvo que aumentar su endeudamiento con el exterior en 300 millones de dólares. Al verse imposibilitado de cumplir con los tiempos acordados con el FMI, el Estado uruguayo tuvo que acordar con dicho organismo un plan de ajuste y refinanciación. El país iniciaba su recuperación democrática con un endeudamiento externo que alcanzó el 90% del PBI.  

Hacia el final de la dictadura los intentos liberalizadores iniciados en 1959 así como las pretensiones neoliberales habían fracasado demostrando las flaquezas estructurales de dicho proyecto económico.
El terrorismo de Estado

El terrorismo de Estado se ejerció en distintas dimensiones y afectó a todo el conjunto de la sociedad uruguaya. Las prácticas llevadas a cabo por el gobierno comenzaron a manifestarse mucho antes del quiebre institucional pero se profundizaron y desplegaron en todo su potencial a medida que transcurrió la dictadura.
Una de las principales características de la estrategia represiva de la dictadura uruguaya fue la del encarcelamiento masivo y prolongado. Aproximadamente 6000 personas fueron procesadas por la Justicia Militar mientras que otras miles pasaron por los centros de reclusión o de detención bajo el régimen de Medidas Prontas de Seguridad o con motivo de ser interrogados.
La tortura fue un elemento constante del régimen y se aplicó de forma rutinaria a los detenidos ya fuera en los establecimientos destinados para el encarcelamiento o en los centros clandestinos de detención. Las prácticas de tortura no sólo implicaban el daño físico sino que también apuntaban al debilitamiento sicológico de las víctimas, contando para ambas funciones con profesionales de la medicina que prestaban sus servicios a la dictadura.
El exilio político fue otras de las dimensiones del terrorismo de Estado, cientos de miles de uruguayos debieron emigrar por razones políticas. La mayoría de ellos se encontraban requeridos por la Fuerzas Conjuntas y abandonaron el país en su condición de perseguidos políticos. Desde el exterior, la mayoría de ellos, organizaron la resistencia a la dictadura iniciando grandes campañas de denuncia y de solidaridad.
    
Pero la salida del país no garantizaba la salvación. El desarrollo de la coordinación represiva regional encuadrada en el llamado Plan Cóndor, permitió que la represión y persecución traspasara las fronteras. De esta manera, muchos uruguayos fueron detenidos, desaparecidos y asesinados en Argentina, Chile, Paraguay e incluso en Bolivia y Colombia.
El 24 de marzo de 1976 se produce el Golpe de Estado en Argentina, y a partir de esa fecha se recrudece la persecución de los uruguayos que se habían exiliado en la vecina orilla; “(...), en 1976 se desplegó en Buenos Aires una serie de acciones contra militantes uruguayos pertenecientes a otros sectores de la oposición al régimen autoritario. Los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz a fines de mayo fueron los ejemplos más claros de que la coordinación represiva no se restringió a los integrantes de grupos guerrilleros y de acción directa, aunque hubo varios intentos de asociar a estos dos líderes con los movimientos armados. La más obvia de estas tentativas fue la aparición de sus cuerpos juntos con los de William Whitelaw y Rosario Barredo, dos ex MLN (“Nuevo Tiempo”) radicados en Buenos Aires. (...).”13
En lo que se refiere al asesinato político, en las cárceles uruguayas fallecieron 66 personas. Los motivos de muerte están asociados a los apremios físicos recibidos, a la falta de atención médica y a la autoeliminación. A su vez 22 uruguayos murieron en enfrentamientos con las Fuerzas Armadas y otros 13 fueron secuestrados y asesinados en Uruguay y Argentina.14

Cerca de doscientas personas fueron detenidas y desaparecidas durante la dictadura, aunque antes del Golpe de Estado se produjo la desaparición de dos uruguayos en 1971.
Según las investigaciones realizadas por la Comisión para la Paz se han confirmado15 168 de las denuncias que allí se presentaron. De ese total de casos confirmados, 32 personas desaparecen en Uruguay, 125 en Argentina, 9 en Chile, 1 en Bolivia, 1 en Colombia.
Como podrá apreciarse la mayoría de los uruguayos son detenidos y desaparecen en la República Argentina producto de la coordinación entre las fuerzas represivas de ambos países.
Por otra parte es importante señalar que estos procedimientos se enmarcaron dentro de operativos represivos llevados a cabo de forma planificada y como producto de minuciosas investigaciones de inteligencia.

De esta manera pueden registrarse una serie de “oleadas represivas” vinculadas a los objetivos políticos que perseguían las fuerzas de seguridad:

Las oleadas o ciclos represivos con secuelas de personas detenidas desaparecidas, se suceden en los siguientes períodos de tiempo:
1973 setiembre-diciembre. Oleada represiva contra uruguayos militantes del MLN –T y cientos de exiliados latinoamericanos residentes en Chile, inmediatamente del golpe que derrocó al Presidente constitucional, Dr. Salvador Allende.

1975 octubre-diciembre y 1976 enero-junio. Oleadas represivas contra militantes del PCU en Uruguay en el marco del despliegue de la llamada “Operación Morgan”.

1976 abril, junio-julio y agosto-octubre. Oleadas represivas contra integrantes del PVP en Buenos Aires y Asunción del Paraguay.

1976 abril, agosto, noviembre-diciembre y 1977 febrero, mayo-agosto. Oleadas contra militantes del MLN –T en Buenos Aires.

1977 noviembre-diciembre. Oleada contra militantes de la organización argentina Montoneros radicados en Uruguay.

1977 diciembre y 1978 enero contra miembros de los GAU, AMS, PCR Y MLN –T radicados en Argentina.

1978 abril, junio-julio y agosto contra militantes PST, anarquistas, PCR y MLN –T radicados en Argentina.

1978 mayo. Nueva oleada contra Montoneros en Uruguay.

1981 setiembre y 1982 enero. Oleada represiva con militantes desaparecidos de la UJC y PCU en Montevideo.
Investigación Histórica sobre la Dictadura y el Terrorismo de Estado. 1973-1985.” Tomo I. P.779
    
Otra de las dimensiones del terrorismo de Estado se concentró en el montaje de una red de  vigilancia que no solo permitía el cercenamiento de las libertades sino que apuntaba a la modificación de las relaciones sociales desde los aspectos más cotidianos.
Los servicios de información e inteligencia desplegaron todo su potencial en aras de desarticular tanto a las organizaciones calificadas como subversivas como a los espacios dónde las mismas pudieran propagarse. De esto se desprende el feroz control que comenzó a ejercerse sobre los medios de comunicación y las diversas expresiones culturales de la sociedad.
Si bien el montaje de un sistema de control y vigilancia sobre toda forma de expresión social o ciudadana es parte de un proceso que cobra fuerza a finales de los años 60, su implementación legal y normativa data, en algunos casos, de los años 30. Así la censura a los medios de comunicación, el contralor de radiocomunicaciones, la prohibición de la difusión de determinadas noticias, la prohibición de libros, autores, músicos, artistas “antidemocráticos”, etc., quedó establecida legalmente antes del Golpe de Estado. De todas formas, la dictadura estableció algunas normativas que le permitieran profundizar sus mecanismos de control.  A modo de ejemplo: en octubre de 1973 se dispone que toda información sobre la situación del país que fuera enviada al exterior por las agencias informativas, debía hacerse previa presentación de una copia al Ministerio del Interior. En 1975 la Dirección Nacional de Correos es autorizada a confiscar toda correspondencia que considere subversiva.
Los medios de comunicación estaban sujetos a todo tipo de censuras: se controlaban las publicaciones, los programas de radio y de televisión. Si éstos no se ajustaban a lo que el gobierno estimaba conveniente eran castigados como mecanismo de disciplinamiento; dichos castigos implicaban, por ejemplo, la suspensión de la edición de un diario por un determinado tiempo o su cierre definitivo.
En el caso de las expresiones artísticas, se realizaba un pormenorizado seguimiento de todas las actividades. Existía para ello una Comisión de Censura que se encargada de determinar que podía ser presentado al público. En cuanto a la cinematografía las empresas distribuidoras debían solicitar autorización para que los films que comercializaban pudieran ser proyectados. De esta manera, las películas a estrenar eran presentadas ante la Comisión Censora, generalmente acompañada de algún grupo de oficiales o militares o de la Policía,  quien determinaba si la película ofrecía escenas tendenciosas y si era recomendable o no su proyección y establecía si algún pasaje del film sería censurado.
Lo mismo sucedía con los espectáculos de carnaval, los conjuntos que se presentaban para actuar dentro o fuera del concurso oficial debían entregar los textos del espectáculo a una Comisión censora, la cual los aprobaba o rechazaba total o parcialmente. En algunos casos se realizaban seguimientos específicos a determinados conjuntos, se asistía  a todas sus actuaciones para determinar que no se realizaran agregados al espectáculo y comprobar el ajuste de sus presentaciones a lo establecido por la comisión.
A su vez, existían autores y artistas de distintas disciplinas que se encontraban prohibidos por ser considerados subversivos. En esos casos estaba totalmente prohibida la difusión de sus obras  y la venta de las mismas, para lo cual se controlaban librerías y disquerías. En el caso de los músicos se realizaban “escuchas” permanentes de los programas radiales para verificar que no se trasmitieran canciones de artistas proscriptos.  
Los mecanismos de vigilancia implicaban controlar todas aquellas actividades que nuclearan a grupos de personas. Tanto los ámbitos educativos como las comunidades religiosas y todas aquellas formas de organización que fue encontrando la sociedad civil, fueron objeto de investigaciones y seguimientos por parte de los servicios de inteligencia del Estado.
De esta manera se asiste a una “clausura de los espacios públicos” que busca impedir todo tipo de formas de expresión que atentaran contra el orden que se procuraba establecer. Reuniones, conferencias, festivales, campamentos, todo espacio que facilitara o promoviera el nucleamiento de personas debía estar previamente autorizado. Al mismo tiempo un equipo de inteligencia asistía a todas estas actividades para realizar un efectivo control de las mismas. Incluso aquellos eventos o fechas conmemorativas oficiales que implicaran asistencia de público, eran objeto de un riguroso control.
La dictadura generó, pues, un proceso de restricción en las formas de solidaridad social, en la medida que los mecanismos represivos sumados a la presencia del “miedo” conducían, en muchos casos, a que las familias se encerraran en sí mismas y los espacios barriales de interacción social fueran restringiéndose cada vez más al tiempo que se imponía, también, la cultura de la sospecha y la delación.

Notas:

1. Es importante mencionar que las periodizaciones suelen ser “recortes” arbitrarios y que siempre se encuentran sujetas a movilidad dependiendo de los enfoques y miradas que produzcan quienes estudien el período.
2. Ver: Álvaro Rico. Del Estado de Derecho al Estado de Policía. Uruguay 1967- 1973. En: C. Demasi  y otros; “Estado de derecho y Estado de excepción”; Ed.: Trilce, Montevideo, 1999. / Álvaro Rico. “1968: el liberalismo conservador”. EBO, Mdeo.,1990.
3. Tres de ellas fueron asesinadas por el MLN-T y siete tupamaros perdieron sus vidas en manos de las Fuerzas Conjuntas.
4. Álvaro Rico (coord..). “15 días que estremecieron al Uruguay. Golpe de Estado y Huelga General”. Fin de Siglo, Montevideo, 2005. P. 16.
5. A  las 5 de la tarde fue convocada una concentración en 18 de julio. La movilización que contó con una asistencia masiva resultó fuertemente reprimida. En ella son detenidos los generales Seregni y Licandro y el coronel Zufriategui junto a un centenar más de manifestantes.
6. Decreto por el cual es ilegalizada la FEUU junto a otras agrupaciones estudiantiles o sindicales como ser: Agrupaciones Rojas, Resistencia Obrero-Estudiantil, Frente Estudiantil Revolucionario.
7. Carlos Demasi; La evolución del campo político en la dictadura. En: AA.VV. “La dictadura cívico- militar. Uruguay 1973-1985”, EBO, Montevideo, 2009. P. 49.
8. Así fueron llamadas las reuniones que se realizaban entre los principales representantes civiles y militares del gobierno.
9. Jorge Notaro, “La política económica en el Uruguay 1968-1984”, CIEDUR-EBO, Montevideo, 1984.
10. Jaime Yaffé, Proceso económico y política económica durante la dictadura; en: AA.VV. “La dictadura cívico- militar. Uruguay 1973-1985”, EBO, Montevideo, 2009. P. 127.
11. Ídem. P. 133-134.
12. Producto Bruto Interno
13. Presidencia de la República Oriental del Uruguay, Investigación Histórica sobre Detenidos- Desaparecidos”. IMPO, Tradinco. Mdeo. 2007. Tomo I. Ibíd. Pág. 294. Los secuestros y asesinatos en Argentina del senador Zelmar Michelini (Frente Amplio) y del Presidente de la Cámara de Representantes del Uruguay, Héctor Gutiérrez Ruiz (Partido Nacional), fue realizado por un comando conjunto de militares uruguayos y argentinos. Ambos legisladores se exiliaron en Buenos Aires inmediatamente al golpe de Estado y continuaron desde allí las denuncias por las violaciones a los derechos humanos en Uruguay. En la noche del 18 de mayo son secuestrados y   tres días, el 21 de mayo, los cadáveres de Zelmar Michelini, y Héctor Gutiérrez Ruiz, junto con los de William Whitelaw y Rosario Barredo, fueron encontrados en un auto abandonado. 
14. Datos extraídos de: Álvaro Rico (coord.). “Investigación Histórica sobre la Dictadura y el Terrorismo de Estado. 1973-1985.” Ed. Cruz del Sur, UdelaR. CSIC- CEIU, Montevideo. 2009. Tres Tomos. Hay más casos de asesinatos políticos que no son contemplados en esta clasificación.
15. Estos datos corresponden al año 2009, es importante señalar que se ha avanzado en la investigación y la cifra de denuncias confirmadas ha crecido. Al carecer de la información precisa se tomó como referencia los datos contenidos en la Investigación Histórica sobre la Dictadura y el Terrorismo de Estado, citada con anterioridad.



Periodificación de la dictadura

De acuerdo a la periodificación del politólogo Luis González, se distinguen tres etapas en el régimen dictatorial. Tales etapas se sustentan en el accionar del régimen y en la evolución de las respuestas de la sociedad civil.

  • "Dictadura comisarial" 1973-1976
  • "Ensayo fundacional" 1976-1980
  • "Transición democrática" 1980-1984




La Doctrina de la Seguridad Nacional en la realidad uruguaya

 "El anticomunismo de la dictadura uruguaya. Raíces y discursos."
Mauricio Daniel Bruno Tamburi
www.fhuce.edu.uy/jornada/2010/PONENCIAS/BRUNO.PDF

(...)Dicha doctrina no fue una elaboración particular del Uruguay. Por el contrario, existía desde aproximadamente la década de 1950 y se presentaba, con variaciones más o menos importantes, entre las Fuerzas Armadas y los sectores políticos de diversos países latinoamericanos que estaban alineados con los Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría. Al mismo tiempo, el anticomunismo en el Uruguay es un fenómeno de larga data, anterior incluso a la aparición de la Doctrina de la Seguridad Nacional. Por todo esto, el discurso anticomunista de la dictadura debe pensarse sin desconocer ese legado ni tampoco la particular ubicación de nuestro país en un continente latinoamericano muy influido por las concepciones estadounidenses del enfrentamiento bipolar. La dictadura uruguaya no elaboró una nueva doctrina explicativa de la realidad, sino más bien actualizó un viejo esquema que pensaba al país como un “cuerpo vivo”. Dentro de la realidad de la Guerra Fría, ese cuerpo estaba siendo atacado por “fuerzas extrañas”, “antinacionales”, “subversivas”, que buscaban destruir las “bases naturales de la sociedad”. Estas bases eran identificadas con conceptos/símbolos –es decir, palabras que se pretendía se explicaran per se- tales como la “tradición”, la “familia”, la “propiedad” y la “democracia”. La acción de la subversión había desembocado en un estado de “enfermedad” del cuerpo social. Ante esto, era necesario aplicar “cirugía 2 Vale la aclaración de que si bien el Partido Comunista fue la referencia privilegiada de los discursos estructurados en torno a la Doctrina de la Seguridad Nacional, en muchas oportunidades se apeló una figura más amplia –“la subversión”, el “comunismo internacional”, etc- que tanto incluía a los comunistas como a otras fuerzas de izquierda, caso del Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros, entre otras. Por lo tanto, si bien este trabajo tiene la intención de concentrarse en el discurso elaborado como una afrenta específica al Partido Comunista, la imprecisión en ciertas ocasiones del discurso nos obligara a incluir referencias que exceden a los comunistas. 3 mayor”, tarea de la cual se encargarían las Fuerzas Armadas, que eran consideradas el núcleo duro de los valores nacionales, la única fortaleza inexpugnable ante los embates de la “antinación”. Es importante destacar que la mayoría de estas ideas eran parte del corpus ideológico de los sectores conservadores uruguayos por lo menos desde los años inmediatamente posteriores a la Revolución Rusa. La Doctrina de la Seguridad Nacional en el Uruguay operó en tres sentidos. Por un lado, legitimó la prédica de los sectores políticos más decididamente anticomunistas, ayudándolos a ganar y consolidar posiciones dentro del espectro político. Por otro, materializó en el “mundo libre” orientado por los Estados Unidos y en el “totalitarismo rojo” encarnado por la Unión Soviética, los polos de la protección y agresión a la “civilización occidental y cristiana”3 . Y finalmente instituyó a las FFAA como el sujeto por excelencia en la articulación de las acciones necesarias para triunfar en la “guerra antisubversiva”. Durante el período de la dictadura –pero también en años anteriores- estas ideas se difundieron a través de publicaciones de diverso tipo –libros, folletos, prensa, alocuciones públicas de jerarquías oficiales, etcétera-. Uno de los objetivos de estas publicaciones fue, como se informó en un trabajo publicado por la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) de la Policía de la segunda mitad de la década de 1970, formar ideológicamente a los funcionarios del Estado dedicados a implementarla: “Mucho nos complacerá que esta pequeña obra pueda servir en alguna medida a la formación profesional de los oficiales de las fuerzas de seguridad que constituyen los verdaderos ‘cruzados’ de esa campaña”4 Pero, principalmente, de lo que se trataba era de conformar una opinión pública adepta a las prácticas de persecución y violencia política que implicaba la “guerra 3 Para estudiar la incidencia de la Doctrina de la Seguridad Nacional tanto sobre el Uruguay como sobre otros países de América Latina ver: Wilson Fernández, El gran culpable. La responsabilidad de los EEUU en el Proceso militar uruguayo, Montevideo, Atenera, 1987; Selva López Chirico, Estado y Fuerzas Armadas en el Uruguay del siglo XX, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 1985; Gabriel Ramírez, El factor militar. Génesis, desarrollo y participación política (II), Montevideo, arca, 1988, Martha Huggins, Political policing. The United States and Latin America, Washington, Duke University, 1998; Marie Monike Robin, Escuadrones de la muerte. La escuela francesa. Buenos Aires, Sudamericana, 2005. Para estudiar la producción de algunas imágenes anticomunistas y antiliberales en el Uruguay anterior de a la Guerra Fría, que serían retomadas y resignificadas por el discurso estructurado en torno a la Doctrina de la Seguridad Nacional ver: José Pedro Barrán, Los conservadores uruguayos (1870-1933), Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 2004; Mauricio Bruno, Nicolás Duffau, “Manifestaciones del conservadorismo uruguayo ante el régimen de Vichy”, en Contemporánea. Historia y problemas del siglo XX, Volúmen 1, Año 1, Montevideo, Unidersidad de la República, 2010, pp. 9-26. 4 Ministerio del Interior. Dirección Nacional de Información e Inteligencia, UJC: Escuela de comunismo, Montevideo, Universidad de la República División Publicaciones y Ediciones, s/f [1977?], p. 12 4 antisubversiva”. En este sentido, el discurso anticomunista fue una de las herramientas utilizadas por la dictadura para la generación de un consenso acerca de sus prácticas de gobierno entre la sociedad uruguaya. Según la historiadora española Cándida Calvo Vicente, citada por Aldo Marchesi, “La formación del consenso efectivo no es un fenómeno espontáneo y que se da por descontado, sino que es inducido desde el poder a través de una serie de mecanismos, a través de un conjunto de procesos, instituciones y aparatos que llevan a cabo las operaciones destinadas a la organización del consenso, esto es, a producir y extender comportamientos de adhesión en relación con el poder”. Marchesi sintetiza los tres tipos de acciones que, según Calvo Vicente, se utilizan desde el poder para organizar el consenso: “… la manipulación ideológica al construir y difundir juicios positivos acerca del Estado e imágenes negativas acerca de la oposición; las operaciones dirigidas a internalizar modelos culturales funcionales al régimen; y por último, la creación de condiciones de existencia que favorezcan en diferentes grupos sociales juicios positivos con relación al poder”5 . En este sentido, el fuerte énfasis puesto por los gobernantes uruguayos en conformar, a nivel de la opinión pública, una imagen negativa acerca del Partido Comunista, puede entenderse como parte integrante de esa búsqueda de consenso, cuestión que interesa estudiar por cuanto implica una aproximación a las construcciones culturales del régimen autoritario6 .

 Notas:
1  El trabajo presentado ha sido realizado en el marco de mi participación en el proyecto de investigación titulado Historia del Partido Comunista bajo la dictadura (1973-1985), dirigido por el Doctor Álvaro Rico y financiado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la Republica, para el período abril 2009 – abril 2011. 
2 Vale la aclaración de que si bien el Partido Comunista fue la referencia privilegiada de los discursos estructurados en torno a la Doctrina de la Seguridad Nacional, en muchas oportunidades se apeló una figura más amplia –“la subversión”, el “comunismo internacional”, etc- que tanto incluía a los comunistas como a otras fuerzas de izquierda, caso del Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros, entre otras. Por lo tanto, si bien este trabajo tiene la intención de concentrarse en el discurso elaborado como una afrenta específica al Partido Comunista, la imprecisión en ciertas ocasiones del discurso nos obligara a incluir referencias que exceden a los comunistas.
3 Para estudiar la incidencia de la Doctrina de la Seguridad Nacional tanto sobre el Uruguay como sobre otros países de América Latina ver: Wilson Fernández, El gran culpable. La responsabilidad de los EEUU en el Proceso militar uruguayo, Montevideo, Atenera, 1987; Selva López Chirico, Estado y Fuerzas Armadas en el Uruguay del siglo XX, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 1985; Gabriel Ramírez, El factor militar. Génesis, desarrollo y participación política (II), Montevideo, arca, 1988, Martha Huggins, Political policing. The United States and Latin America, Washington, Duke University, 1998; Marie Monike Robin, Escuadrones de la muerte. La escuela francesa. Buenos Aires, Sudamericana, 2005. Para estudiar la producción de algunas imágenes anticomunistas y antiliberales en el Uruguay anterior de a la Guerra Fría, que serían retomadas y resignificadas por el discurso estructurado en torno a la Doctrina de la Seguridad Nacional ver: José Pedro Barrán, Los conservadores uruguayos (1870-1933), Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 2004; Mauricio Bruno, Nicolás Duffau, “Manifestaciones del conservadorismo uruguayo ante el régimen de Vichy”, en Contemporánea. Historia y problemas del siglo XX, Volúmen 1, Año 1, Montevideo, Unidersidad de la República, 2010, pp. 9-26. 4 Ministerio del Interior. Dirección Nacional de Información e Inteligencia, UJC: Escuela de comunismo, Montevideo, Universidad de la República División Publicaciones y Ediciones, s/f [1977?], p. 12
 5 Aldo Marchesi, “‘Una parte del pueblo uruguayo, feliz, contento, alegre’. Los caminos culturales del consenso autoritario durante la dictadura”, en Carlos Demasi, Aldo Marchesi, Vania Markarian, Álvaro Rico, Jaime Yaffé, La dictadura cívico militar. Uruguay 1973-1985, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 2009, p. 330 6 Según Aldo Marchesi durante la dictadura “… la cultura ofreció una alternativa a la política para obtener adhesiones en ciertos sectores de la sociedad civil y un camino para formar un tipo de individuo que se habituara a las pautas de un nuevo orden estatal autoritario que los dictadores intentaban fundar…” (Ibíd). Construcciones culturales que, es legítimo pensar, pervivieron en alguna forma luego de la dictadura e influyeron en la forma en que se fue construyendo la nueva democracia.

Mujeres víctimas del Terrorismo de Estado

El Terrorismo de Estado, aplicado desde los distintos agentes del Estado busca controlar a la población, para eliminar la posible disidencia, a través de la instalación del miedo. Este conjunto de doctrinas y prácticas, convierte a toda la población en sospechosa, encontrándose amenazada de privación de la libertad, pérdida de la integridad física y riesgo de muerte arbitrariamente provocada. De este modo, el control y la represión se aplican a toda la población civil, contando en ocasiones, con el apoyo de algunos sectores civiles. En nuestro país, no existe acuerdo sobre si el terrorismo de Estado existió únicamente en gobiernos dictatoriales o si han de incluirse los años previos (momentos en los que prácticas como la tortura ya eran implementadas). 
El asesinato, las torturas (físicas y/o psicológicas), prisión indeterminada, desaparición de personas, rehenes; fueron las prácticas represivas extremas más empleadas de parte del Estado uruguayo entre 1973 y 1984. Todos los detenidos por causas políticas sufrieron vejamenes por parte de las fuerzas represivas. Las mujeres sufrieron acusaciones y castigos particulares, por el hecho de ser mujeres. Las mujeres militantes estudiantiles, sindicales o políticas de oposición, desacataban doblemente el mandato del Estado y del sistema patriarcal: eran subversivas y habían abandonado el rol de amas de casa, madres y esposas sumisas establecido para ellas. La afirmación de que salirse de las actividades “propias de su género” era una falta que merecía castigo, fue parte de las acusaciones en sesiones de tortura a muchas detenidas. La represión a las detenidas políticas es analizada por historiadoras como Mariza Ruiz, como la represión, también, a la liberación femenina. Los castigos físicos y psicológicos en tortura, para todos los detenidos y penados en cárcel, buscaban deshumanizar al individuo y amedrentar a su entorno. Los relatos espeluznantes de hombres y mujeres denuncian violencia sexual como método específico de tortura. Mientras para los detenidos, la agresión sexual era una posibilidad, para las detenidas existió siempre; desde la desnudez hasta extremos sádicos. La colocación del cuerpo de la mujer en el lugar de objeto sexual pasible de ser aprovechado caprichosamente por cualquier miembro del aparato represor, es una de las particularidades a las que fueron sometidas las detenidas por el hecho de ser mujeres. El cuerpo de la mujer históricamente ha sido botín de guerra, esto no escapó a la represión en nuestro país ni en el Batallón de Ingenieros N°4 de Laguna del Sauce. Según varias de las entrevistadas por las historiadoras consultadas, estas torturas no necesariamente tenían como finalidad “ablandarlas” para extraer información pero sí eran parte de la maquinaria represiva. No fueron actos aislados de individuos, sino que formaron parte del entramado que buscaba aniquilarlas psicológica, física y emocionalmente y generar miedo en sus círculos cercanos. Varias detenidas quedaron embarazadas a raíz de esas violaciones, practicándoles abortos en condiciones deplorables, o a golpes. Los traumas generados por estas agresiones van desde la negación, hasta sentirse sucias y culpables por no haber podido oponer resistencia. En muchas, perduran (entre otras secuelas) las dificultades para vivir su sexualidad libremente. La tortura sexual, por sus características, posibilita el silencio y una mayor impunidad, muchas no lo denunciaron y no lo contaron por 30 años. La maternidad como rasgo fuertemente vinculado a la emotividad femenina, se convirtió en otro objetivo de la represión hacia la mujer. Muchas detenidas que cayeron embarazadas fueron violentadas hasta perder su embarazo, obligadas a parir en cautiverio y en ocasiones les fueron robados sus hijos. Hacerlas escuchar llantos de niños, haciéndoles creer que eran sus hijos y cuestionarlas como madres que habían abandonado a sus niños para salirse de su lugar de género fue otro de los recursos de los represores. Al hablar de la memoria de las vivencias en estas décadas, se ha puesto el énfasis en la mirada masculina. Incluso las mismas mujeres han callado durante mucho tiempo situaciones propias de su vida bajo la represión por suponer que eran menos importantes en el relato. Las mujeres que han sido más visibles como víctimas de la represión, han sido madres, abuelas, esposas, hijas de detenidos desaparecidos; por su activismo en organizaciones de derechos humanos que buscan esclarecer qué sucedió con sus familiares. Estas organizaciones tienen un altísimo porcentaje de activistas mujeres. No han sido visibilizadas mujeres que fueron sometidas a condiciones especiales de cautiverio, con la única finalidad de provocar sufrimiento continuo, como las 11 rehenas tupamaras (Alba Núñez, Cristina Cabrera, Elisa Michellini, Flavia Schilling, Gracia Dri, Yessie Macchi, Lia Maciel, Maria Elena Curbelo, Miriam Montero, Raquel Dupont y Stela Sánchez). A ellas también se les reprochaba por parte del aparato represor, la doble falta de subversivas y de mujeres que se salieron de lo esperado para su género.  
Bibliografía, webgrafía y artículos de prensa de consulta específica sobre el tema: Alonso, Jimena y Larrobla Carla “Memorias Femeninas en el Uruguay posDictadura”, Montevideo, 2013 Disponible en: http://www.aletheia.fahce.unlp.edu.ar/numeros/numero-9/dossier-de-genero/memorias-femeninas-en-el-uruguay-pos-dictadura González Cabano, Victoria Soledad “Violencia sexual en el terrorismo de Estado en Uruguay (1973-1985). Aproximación a la experiencia del colectivo de mujeres que realizó denuncia penal”. Universidad de la República Facultad de Psicología, Montevideo, 2015 disponible en: http://sifp1.psico.edu.uy/sites/default/files/Trabajos%20finales/%20Archivos/tfg_victoriagonzalezcabano.pdf Visita 4 de marzo 2018 Benzano Beatriz “Castigos de género en dictadura”Nov 23, 2014 Publicado en: http://www.republica.com.uy/castigos-de-genero-en-dictadura/ Visita 4 marzo 2018 Ruiz, Marisa “La dimensión política del testimonio femenino en la pos dictadura” Instituto de Historia de las Ideas, Facultad Publicado en: http://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/sites/4/2015/02/RUIZ-Marisa-La-dimensi%C3%B3n-pol%C3%ADtica-del-testimonio-femenino-en-la-posdictadura_1.pdf Visita 4 de marzo 2018 Ruiz, Marisa y Sanseviero Rafael “Las Rehenas. Historia oculta de once presas de la dictadura”. Fin de Siglo, Montevideo, 2012 Sapriza, Graciela “Memorias de mujeres en el relato de la dictadura (Uruguay, 1973-1985). Violencia / carcel / exilio” http://www.unive.it/media/allegato/dep/n_1speciale/05_Sapriza.pdf Visita 4 de marzo 2018 DOSSIER LARED21: 40 AÑOS DEL GOLPE, 26 de junio de 2013, 18:06h http://www.lr21.com.uy/politica/1112886-el-cuerpo-de-las-mujeres-fue-botin-de-guerra-durante-la-dictadura-uruguaya Visita 4 de marzo 2018